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La Semanal de Luis Abinader: Un Clavo Caliente que la Oposición Agarra en su Desesperación

ByLa redacción

Mar 21, 2024

Por. Edgar Caraballo

Defendiendo la Democracia: El Derecho Constitucional del Presidente a Comunicarse con la Prensa y los Límites de la JCE en su Rol de Organizar Elecciones

En medio de la agitación política que caracteriza estos tiempos, es imperativo reafirmar los principios que sostienen nuestra democracia. Uno de estos pilares fundamentales es el derecho constitucional del presidente de la República a comunicarse con la prensa, una cuestión que ha desatado una reciente controversia que merece ser analizada con detenimiento.

La Constitución de la República Dominicana consagra claramente la libertad de expresión y el derecho a la información como derechos esenciales en nuestra sociedad democrática. Estos derechos no deben ser vulnerados por intereses partidistas o interpretaciones sesgadas de las normas electorales. El presidente Luis Abinader, como líder del país, tiene la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre los asuntos de Estado, promoviendo así la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas.

La tradición establecida por el presidente Luis Abinader de mantener un diálogo regular con la prensa, conocido como «La Semanal», ejemplifica este compromiso con la transparencia y la comunicación abierta. Este espacio se dedica exclusivamente a temas gubernamentales, evitando cualquier implicación política partidista, y representa una herramienta fundamental para fortalecer la confianza del público en el gobierno y fomentar una mayor participación ciudadana en los asuntos de interés nacional.

Sin embargo, esta práctica ha sido objeto de controversia debido a los intentos de algunos sectores de la oposición política y Participación Ciudadana para presionar a la Junta Central Electoral (JCE) a emitir una prohibición de «La Semanal» y otras actividades presidenciales, alegando un supuesto uso indebido de recursos públicos y una posible influencia en el resultado de las próximas elecciones.

Es importante recordar que la JCE tiene la responsabilidad de organizar elecciones justas y equitativas, pero su autoridad no se extiende a restringir las funciones ejecutivas del presidente. La separación de poderes es un principio esencial de nuestra democracia, y ningún órgano del Estado puede usurpar las responsabilidades constitucionales de otro.

Es evidente que esta discusión sobre la comunicación del presidente con la prensa no es más que un pretexto utilizado por la oposición política para deslegitimar las próximas elecciones presidenciales. Intentan sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral y buscar excusas para justificar posibles resultados adversos. Esta estrategia no solo es antidemocrática, sino que también socava la integridad del proceso electoral y debilita la confianza en nuestras instituciones democráticas.

Defender el derecho del presidente a comunicarse con la prensa no es solo una cuestión de principio constitucional, sino también de preservar la integridad de nuestra democracia. La JCE debe respetar los límites de su autoridad y garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo de manera justa y transparente. Es responsabilidad de todos los dominicanos defender estos principios democráticos y rechazar cualquier intento de manipulación política que amenace nuestra libertad y soberanía. La voz del presidente, en su capacidad oficial, debe permanecer libre para informar, explicar y guiar, como un pilar de la democracia dominicana.

En medio de la creciente tensión política, ciertos sectores de la oposición se aferran desesperadamente a cualquier argumento, por más endeble que sea, en un intento por influir en el curso de los acontecimientos. Su reciente apelación para limitar el derecho constitucional del presidente a comunicarse con la prensa es un ejemplo de esta estrategia desesperada de aferrarse a cualquier oportunidad, incluso a un «clavo caliente», para tratar de alcanzar sus objetivos o deslegitimar las elecciones, sin importar las consecuencias para la democracia y la integridad del proceso electoral.

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